La cifra de 1 abogado por cada 164 personas preocupa al vicepresidente de la OAB/SP, Leonardo Sica, que ve "un problema instalado y de difícil solución"
Brasil es el país con mayor proporción de abogados por habitante, con un profesional por cada 164 personas.
La cifra total es de 1,3 millones de abogados en el país, lo mismo que en Estados Unidos, que tiene una población de 329,5 millones, mientras que Brasil tiene 212,7 millones. En números absolutos, pierde ante India, con 2 millones, pero con una proporción mucho mayor de un abogado por cada 700 ciudadanos.
Importancia del examen de OAB
Según Leandro Piccino, ex presidente de la OAB/São Bernardo do Campo y actual presidente del consejo deliberativo de la OAB/Prev-SP, los números asustan. “Pero no todos los suscriptores están actuando. Muchas veces, las personas pasan el examen de la Abogacía, están registrados, son abogados, pero deciden dedicarse a otra actividad”, dice.
Destaca la importancia del examen OAB , la prueba necesaria para obtener la inscripción en la Orden. “Este mecanismo es el responsable de que no estemos viviendo un caos en la abogacía, ya que tiene un historial de menos del 20% de aprobación”, agrega.
Aun así, el país produce alrededor de 140.000 nuevos profesionales cada año, en gran parte debido a la gran cantidad de carreras de derecho que han surgido recientemente, en los últimos diez años. Solo en 2022, en el estado de São Paulo, se entregaron más de 9.000 carteras y hasta el 15 de julio se registraron 15.000 nuevas inscripciones.
Cursos de Derecho
Así piensa el vicepresidente de la OAB/São Paulo, Leonardo Sica. “Tenemos un exceso de cursos de derecho, un problema reconocido e instalado. Hay más abogados y abogadas de los que el mercado puede acomodar”, evalúa. Sica afirma que el exceso debilita la profesión, que ejerce una función pública, a pesar de que la actividad es privada. La solución, sin embargo, no es fácil, ni a corto ni a largo plazo.
“La solución ideal es reducir los cursos de derecho. Estamos hablando de cerrar facultades, porque una carrera universitaria vende carreras y espera que eso no se haga realidad. Son familias que invierten tiempo y dinero en expectativas que se van a frustrar”, dice el vicepresidente de la OAB/SP.
Cerrar un colegio no es una tarea sencilla y depende de la aprobación del Ministerio de Educación, que tiene estándares de calidad y requisitos establecidos para el funcionamiento de las universidades, lo que dificulta la solución presentada por Sica. Dice que, si no se cierra, impedir la apertura de nuevas carreras de derecho es fundamental para enfrentar el problema.
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